Según el documento CONPES 147 de 2012, dadas las implicaciones en el desarrollo y en la calidad de vida de los adolescentes, de sus familias y de las sociedades, la ocurrencia de embarazos a temprana edad ha sido considerada, una problemática social y de salud pública necesaria de ser intervenida con el fin de procurar un mejor desarrollo individual, una mejor calidad de vida y mejores índices de desarrollo.
Además de presentar riesgos en el plano biológico, el embarazo en la adolescencia trae consigo eventuales riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de vida; ocasionan eventuales deserciones o discriminaciones en los contextos educativos y sociales; vinculación temprana al mercado laboral; mayores probabilidades de ingresar a cadenas productivas de subempleo u otras formas inestables de relación laboral; tensiones familiares y emocionales, reconfiguración o aceleración de los proyectos de vida; todo lo anterior en virtud del nuevo papel de progenitores que enfrentan los y las adolescentes.
Colombia se ha comprometido en disminuir, para 2015, la proporción de embarazos en mujeres entre 15 y 19 años al 15%. Si bien la tasa de embarazo adolescente disminuyó en el quinquenio 2005-2010 de 20,5% a 19,5%, esto representa un gran reto, que será posible alcanzar únicamente a través de la acción coordinada de las instituciones y la implementación de estrategias eficaces.
Así las cosas, la disminución de las tasas de embarazo adolescente, se transforman en un importante reto para el desarrollo de un país. Por lo mismo, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace un llamado a los responsables de las entidades territoriales de salud de carácter departamental y municipal para que incluyan en sus planes de desarrollo, las siguientes acciones:
1. Desarrollar estrategias, metas, compromisos y apropiar los recursos requeridos para realizar las acciones encaminadas hacia la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Especialmente en las poblaciones en condición de vulnerabilidad y exclusión social.
2. Realizar acciones que conlleven a implementar y dar sostenibilidad a las políticas y programas diseñados para la reducción del embarazo adolescente, como la implementación de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en las IPS públicas y privadas de su territorio, y el Programa de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en las secretarías de educación e instituciones educativas.
3. Promover acciones encaminadas a reducir la incidencia de la violencia basada en el género y garantizar la atención integral a sus víctimas, con especial énfasis en la prevención, detección y atención adecuada e integral del embarazo en menores de 14 años.
4. Promover entre las instituciones y entidades que están bajo su liderazgo, la coordinación interinstitucional e intersectorial para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y el abordaje integral a la problemática del embarazo adolescente, mediante la formulación de un Plan Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente, para responder a lo establecido en el
CONPES 147/2012.
5. Realizar las acciones necesarias para garantizar la eliminación de barreras de acceso de adolescentes a métodos anticonceptivos, mediante la inspección, vigilancia y control a Empresas administradoras de planes de beneficios de su territorio para que cumplan con las normas vigentes de suministro de métodos modernos de anticoncepción a hombres y mujeres sexualmente activos, incluidos adolescentes. (ACUERDO 29/2012 DE LA CRES, resolución 769 y 1973 de 2008, entre otras.)
6.
Impulsar decididamente en su territorio, la participación social de organizaciones y redes de jóvenes en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los planes y programas para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
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